(13.11.2017)    

La taberna sandionada lleva el caso ante el Supremo

Una taberna sancionada con la multa por ruido más alta impuesta a un local de hostelería en Cataluña, lleva el caso ante el Supremo.
 
El juzgado de Girona rebajó la sanción de 15.000 a 12.000 euros pero el local sigue considerándola injusta y pide al Supremo que declare nula la sentencia de instancia. 

Apreciados / apreciadas;
 
A raíz de una sonometría realizada el día 24 de Abril de 2015 por los servicios técnicos del Ayuntamiento de Palamós (Girona) a la popular "Taberna Moni '', situada en el casco antiguo de dicho municipio gerundense, el Ayuntamiento de la localidad inició la instrucción de un expediente sancionador que finalizó con la imposición de una sanción al establecimiento de 15.000.- euros, la cual resultó ser la más alta impuesta en Cataluña hasta la fecha a un local de hostelería bajo el imperio de la ley 16/2002 de Protección contra la Contaminación Acústica.
 
Los servicios jurídicos de la patronal FECASARM (asociación adherida a SPAIN NIGHTLIFE) decidieron llevar el caso a los juzgados y ahora, el juzgado contencioso-administrativo num 3 de Girona, ha decidido rebajar la sanción de 15.000 euros a 12.000, rebaja que desde nuestros servicios jurídicos consideramos absolutamente insuficiente y, por este motivo, hemos decidido llevar el caso ante el Tribunal Supremo, mediante la presentación del correspondiente escrito de preparación de recurso de casación.
 
El argumento principal que los servicios jurídicos de la Taberna han esgrimido en su recurso de casación es que, la sentencia dictada por el juzgado contencioso-administrativo de Girona, se encuentra viciada de incongruencia omisiva, es decir, que la juez que dictó la sentencia no tuvo en cuenta hechos de relevancia jurídica que se debatieron durante el proceso y en el acto de  juicio y que afectaban a la validez de la medición sonométrica que daba cobertura a la sanción impuesta a la taberna.
 
Así las cosas, desde nuestros servicios jurídicos entendemos que la sentencia dejó de pronunciarse sobre si la medición acústica fue o no correctamente realizada ya que el mismo técnico que la llevó a cabo reconoció en el acto de juicio que no había hecho constar en la misma el ruido de fondo, aspecto clave ya que a partir de éste se calculan el número de decibelios que la actividad sobrepasa el límite legal y en función de los mismos se calcula la sanción.
 
Otro aspecto sobre el que consideramos que la resolución judicial se debería haber pronunciado y no lo hizo, fue el de la capacitación y formación del técnico municipal que llevó a cabo la medición  sonométrica, dado que si bien tenía el título de ingeniero industrial, el mismo no acreditó tener ningún tipo de formación en materia de acústica ni ninguna acreditación del Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña. La capacitación técnica del ingeniero municipal fue puesta en evidencia durante el juicio por el perito experto en acústica sr Andreu Viure, que había pertenecido a los servicios técnicos de la empresa especializada en acústica AUDIOTEC.
 
Y el tercer aspecto que hemos expuesto en nuestro recurso es que consideramos totalmente inaceptable, en un Estado de Derecho, que el mismo técnico que realizó la medición sonométrica posteriormente fuera instructor del expediente sancionador, violando la obligación de mantener total imparcialidad , neutralidad y objetividad, aspectos que se presuponen en todo instructor de un expediente sancionador. Pero es que con esta violación no fue suficiente ya que, según también hemos denunciado en nuestro escrito de recurso reiterando lo que ya expusimos en el acto de juicio, el mismo técnico que hizo la medición sonométrica y que fue instructor del expediente sancionador también declaró en nombre del alcalde del municipio sr. Lluis Puig, y luego también declaró como testigo, quedándole sólo "dictar la sentencia" tal y como hemos manifestado sarcásticamente en nuestro recurso remitido al Tribunal Supremo.
 
No queremos dejar de mencionar también un último aspecto que hemos expuesto ante el Supremo y es que, cuando se le preguntó al técnico e instructor del expediente sancionador por qué nunca había hecho constar la fecha en la que tuvo lugar la medición sonométrica en el pliego de cargos y en el decreto de imposición de la sanción, literalmente dijo que "la infracción fue superar 10 decibelios los límites permitidos, sin importar la fecha en que sucedió", frase que podríamos tachar de "lapidaria" cuando proviene de un técnico que según ha quedado en evidencia hace lo que quiere y cuando quiere en el Ayuntamiento con total aquiescencia de los políticos que gobiernan el mismo, lo que resulta muy "peligroso" cuando está en juego la supervivencia de una empresa y de toda una familia que vive de la misma.
 
Por todos estos motivos, hemos pedido al alto Tribunal que declare nula la sentencia dictada por el juzgado contencioso-administrativo de Girona y que obligue al mismo dictar otra teniendo en cuenta estos aspectos jurídicos que fueron objeto de debate en el procedimiento y que, por tanto deberían haber sido tenidos en cuenta a la hora de dictarse la misma.
 
Para más información pueden llamar al 902.099.500 o bien al 670.703.370.